Hay una frase que escucho mucho en los últimos años, generalmente pronunciada por personas que quieren parecer moderadas y razonables: “El problema no son las redes sociales, el problema es cómo las usamos”. Me temo que esa frase, por comprensible que sea como posición de equilibrio, es fundamentalmente incorrecta. Y seguir repitiéndola nos impide abordar el problema real.
Las plataformas de redes sociales no son herramientas neutrales que pueden usarse bien o mal según la voluntad del usuario. Son sistemas de incentivos cuidadosamente diseñados para maximizar una métrica: el tiempo de atención. Y resulta que el contenido que más tiempo de atención captura no es el más verdadero, ni el más útil, ni el más constructivo para la deliberación democrática. Es el más emocionalmente activador, el más polarizador, el más capaz de generar indignación.
El problema no es la mentira, es la arquitectura
El problema no es que la gente crea cosas falsas. El problema es que el ecosistema informativo actual hace racional creer cosas falsas, porque el coste cognitivo de verificar es alto y el beneficio social de compartir es inmediato. En términos de economía del comportamiento: el sistema ha invertido los incentivos.
Un ciudadano que lee un titular indignante sobre su grupo político rival tiene tres opciones: ignorarlo, verificarlo o compartirlo. Ignorarlo requiere disciplina. Verificarlo requiere tiempo y esfuerzo. Compartirlo le cuesta tres segundos y le genera la recompensa inmediata de la validación social. Las plataformas han optimizado ese ciclo durante quince años. No es una casualidad: es el modelo de negocio.
No digo que las redes sociales sean el único factor en la crisis de la democracia. Digo que son un factor amplificador de todos los demás factores, y que ignorar eso por comodidad intelectual o por interés económico es irresponsable.
El ágora que nunca existió
Hubo un momento, en los primeros años de las redes sociales —digamos entre 2005 y 2012—, en que era razonable ilusionarse con la idea de una plaza pública digital donde los ciudadanos pudieran debatir, organizarse e informarse al margen de los filtros tradicionales del poder mediático. Esa ilusión tenía una base real: en sus primeras versiones, antes de que los algoritmos de recomendación se adueñaran de la experiencia, las plataformas sí funcionaban de una manera más parecida a esa descripción.
Lo que ha ocurrido desde entonces es que el modelo de negocio basado en la publicidad ha requerido, para sostenerse, un nivel de atención que solo puede generarse con contenido cada vez más extremo, más emocional, más divisivo. No es una cuestión de maldad: es la lógica del sistema. Si compites en un mercado donde la atención es el recurso escaso, tienes que producir lo que mejor captura atención. Y lo que mejor captura atención en seres humanos evolutivamente diseñados para detectar amenazas y cohesionarse frente a enemigos es, precisamente, el contenido amenazante y tribal.
Qué se puede hacer: no lo que creemos
La respuesta habitual a este diagnóstico suele ir por dos caminos. El primero es la educación mediática: enseñar a la gente a verificar fuentes y detectar desinformación. Es necesario, pero insuficiente. Pedir a los ciudadanos que se conviertan en verificadores profesionales en su tiempo libre, en un entorno diseñado para capturar su atención antes de que puedan pensar, es como pedir a un nadador que compita contra una corriente con técnica correcta: puede retrasarla, no revertirla.
El segundo camino es la regulación del contenido: eliminar la desinformación, los discursos de odio, las cuentas automatizadas. También necesario, también insuficiente, y además con riesgos evidentes para la libertad de expresión.
Lo que falta en el debate público es la discusión sobre la arquitectura del sistema: los algoritmos de recomendación, el modelo de negocio publicitario, la estructura de incentivos que hace racional comportarse de la manera que se comporta la mayoría de usuarios. Esos elementos no están en el centro del debate porque son los más difíciles de regular sin afectar a intereses económicos enormes.
La democracia necesita ciudadanos capaces de deliberar sobre información compartida. El ecosistema que hemos construido produce exactamente lo contrario. Reconocerlo no es pesimismo: es el primer paso para cambiarlo.
Miguel Torres es analista internacional y columnista de El Diario. Sus opiniones son propias y no representan la línea editorial del periódico.