Una declaración del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, sobre la seguridad en México volvió a provocar controversia en redes sociales, luego de que el mandatario sugiriera que la estrategia salvadoreña podría aplicarse “estado por estado” en territorio mexicano.
En su mensaje —publicado en la red social X— Bukele argumentó que 28 de los 32 estados de México tienen una población igual o menor a la de El Salvador y planteó un camino gradual: resolver la seguridad en un estado primero, luego en el siguiente, hasta cubrir esos 28. La frase acumuló miles de reacciones y reavivó el debate sobre si el llamado “modelo Bukele” es exportable a otras realidades del continente.
“No es tan simple”: la principal crítica
Las respuestas más repetidas en redes se enfocaron en un punto: México no es El Salvador.
Los críticos señalan que, más allá de la población, México enfrenta un mapa criminal con organizaciones transnacionales, control de rutas de tráfico, disputas territoriales en zonas extensas y variables —sierras, desiertos, selvas— y una presión constante por su frontera y puertos. En días recientes, el panorama de seguridad volvió a ocupar titulares internacionales tras operativos y episodios de violencia vinculados al crimen organizado, en un contexto que sigue siendo altamente volátil.
En ese marco, la propuesta de “replicar” un modelo sin ajustar al tamaño institucional y territorial del país es vista por muchos como una comparación incompleta, más útil para la polémica digital que para el diseño real de política pública.
Qué es el “modelo Bukele” y por qué divide opiniones
El “modelo Bukele” suele referirse al conjunto de medidas implementadas en El Salvador bajo un régimen de excepción vigente desde marzo de 2022, que derivó en una política sostenida de detenciones masivas y expansión del sistema penitenciario.
Organizaciones de análisis y reportes periodísticos han señalado que, desde el inicio del régimen, decenas de miles de personas fueron detenidas y el país registró una caída muy marcada de homicidios, con años recientes en mínimos históricos. En paralelo, encuestas internacionales de percepción reportaron un aumento fuerte en la sensación de seguridad al caminar de noche en el país.
Ese contraste es precisamente el centro del debate: resultados visibles en seguridad, pero señalamientos graves sobre el costo institucional.
Las advertencias: derechos humanos y democracia
Diversas organizaciones y organismos internacionales han advertido que el estado de excepción, extendido de forma continua, ha derivado en detenciones arbitrarias, denuncias de malos tratos, debilitamiento de garantías judiciales y preocupaciones por condiciones carcelarias.
Human Rights Watch documentó señalamientos de detenciones masivas, tortura u otros malos tratos, desapariciones de corto plazo y muertes bajo custodia en el contexto del estado de emergencia. Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reportó preocupaciones por la escala de detenciones, denuncias de tratos inhumanos y alegaciones de tortura, además de cifras de muertes en prisión reportadas por distintas fuentes.
En análisis internacionales, incluso cuando se reconocen los avances en reducción de violencia, se insiste en que el enfoque no puede evaluarse solo por estadísticas de homicidios, sino por el impacto en debido proceso, controles democráticos y rendición de cuentas.
¿Se puede aplicar en México?
Especialistas suelen coincidir en que no hay “copiar y pegar” en materia de seguridad. Aun si México intentara un enfoque territorial por estados, tendría que enfrentar factores estructurales: coordinación federal y estatal, capacidades policiales heterogéneas, corrupción, economías ilegales de gran escala, flujos financieros y armamento, además de presiones políticas y legales para implementar medidas extraordinarias.
Por ahora, la discusión sigue ocurriendo principalmente en el plano digital, entre quienes ven el estilo de mano dura como una alternativa atractiva y quienes advierten que replicarlo sin controles puede erosionar instituciones y agravar abusos.
Fuentes: Publicación de Nayib Bukele en X sobre seguridad “estado por estado”; reportes y análisis de WOLA, Human Rights Watch y CIDH; datos y reportes sobre homicidios y percepción de seguridad difundidos por AP y Gallup; cobertura internacional sobre seguridad en México por Reuters y El País.
