Más de una decena de estados de Estados Unidos presentaron una demanda contra el Gobierno de Donald Trump por los cambios recientes en las recomendaciones federales de vacunación infantil, una medida que consideran una amenaza ilegal para la salud pública.
La acción judicial cuestiona la decisión de las autoridades federales de dejar de recomendar de forma general varias vacunas para todos los niños, entre ellas inmunizaciones contra la influenza, el rotavirus, la hepatitis A, la hepatitis B, algunas formas de meningitis y el virus respiratorio sincitial. Bajo la nueva guía, varias de esas vacunas pasan a recomendarse solo para grupos de alto riesgo o mediante una decisión compartida entre médicos y padres.
Qué reclaman los estados
Los estados demandantes sostienen que el cambio rompe con décadas de orientación médica, pone a los menores en mayor riesgo frente a brotes y puede obligar a los gobiernos estatales a gastar más recursos para contener enfermedades prevenibles.
La disputa también forma parte del enfrentamiento más amplio entre gobiernos estatales liderados por demócratas y la administración Trump por la dirección de la política sanitaria federal bajo el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr.
El origen del cambio
La revisión del calendario infantil se impulsó después de un memorando presidencial emitido en diciembre de 2025, en el que se ordenó comparar el esquema estadounidense con el de otros países desarrollados. En documentos oficiales, el Gobierno explicó que buscaba alinear parte de sus recomendaciones con prácticas de países como Dinamarca, Alemania y Japón, al tiempo que mantenía disponibles las vacunas para quienes quisieran aplicárselas.
En ese proceso tuvo un papel visible la doctora Tracy Beth Hoeg, actual directora interina del Centro de Evaluación e Investigación de Medicamentos de la FDA, quien participó en la revisión comparativa de calendarios internacionales y presentó referencias al modelo danés ante asesores federales.
Qué busca ahora el Gobierno federal
La posición oficial es que el nuevo enfoque da más flexibilidad a las familias y promueve decisiones individualizadas entre padres y profesionales de la salud. Además, las autoridades han dicho que trabajarán con estados y médicos para orientar mejor a las familias sobre el nuevo calendario infantil.
Sin embargo, críticos del cambio aseguran que la medida puede generar confusión, reducir coberturas de vacunación y debilitar un sistema que durante años sirvió de referencia para aseguradoras, escuelas y pediatras en todo el país.
Un debate que va más allá de las vacunas
La demanda llega en un momento de fuerte tensión en torno a la política sanitaria federal. En días recientes, también se conoció que la reunión del panel asesor de vacunas de los CDC fue reprogramada para marzo, tras la cancelación de su sesión de febrero, en medio de nuevas controversias por la reestructuración del comité y el rumbo de las recomendaciones nacionales.
El litigio ahora abre una nueva batalla legal y política sobre una pregunta de fondo: hasta dónde puede cambiar un gobierno federal el calendario de vacunación infantil sin romper el consenso científico que ha guiado la salud pública de Estados Unidos durante décadas.
